El desamparo de los derechos fundamentales

La ineficaz protección de los derechos consagrados como fundamentales se lo debemos a Hans Kelsen.

El amparo constitucional de derechos fundamentales tiene su sentido en impedir que el poder pueda violar tales derechos en las normas que impone a los gobernados. Sin un sistema político fuerte que se funde en la libertad colectiva, las garantías legalmente previstas para la protección de los derechos fundamentales se vuelven insuficientes e inútiles, como ocurre en los Estados de partidos en los que la vulneración de estos derechos constitucionalmente consagrados se convierte en una cuestión rutinaria. Los tribunales, de ordinario, son incapaces de hacer frente de manera efectiva a este problema, precisamente porque la interpretación y resolución de las principales cuestiones que atañen a la Norma Fundamental quedan reservadas a un único Tribunal Constitucional, con competencia exclusiva en todo el territorio nacional, cuyo exceso de trabajo pendiente termina por rayar lo absurdo, siendo absolutamente ineficaz para tratar todos los casos correspondientes a su ámbito competencial y prácticamente imposibilitado para derogar ninguna ley que vulnere un derecho fundamental.

Con la consagración en una Norma Fundamental de la fórmula ideada por Hans Kelsen para la Constitución austríaca de 1920, que fue posteriormente imitada en todas las partidocracias europeas, se crea un poder de interpretación constitucional vinculante que queda reservado a un único tribunal no jurisdiccional, cuyos miembros son designados exclusivamente por los partidos políticos, contra los que hipotéticamente debería actuar cuando abusaran de su poder. He aquí la trampa. Allí donde los tribunales ordinarios carecen de la competencia para conocer sobre todo tipo de cuestiones constitucionales, incluida la inaplicación de las leyes que vulneren el texto constitucional, no existe una verdadera protección de los derechos fundamentales, sino un tribunal político influenciado por los mismos que deciden su composición. De este modo, la vulneración de derechos fundamentales por parte del poder al legislar raras veces será siquiera controlable.

El agotamiento del régimen

Los regímenes políticos terminan agotándose en su incapacidad para hacer frente a los problemas sociales del momento.

Durante el Antiguo Régimen, la creencia imperante en Europa consistía en considerar al titular de la Monarquía como la persona elegida por Dios y su Providencia para gobernar el Estado. En la Europa actual, la creencia imperante consiste en considerar que la persona que gobierna en el Estado ha sido elegida por el pueblo, afirmándose ad nauseam que sus Naciones están gobernadas bajo un sistema político democrático. Nada más lejos de la realidad, especialmente en lo que respecta a las Naciones cuyos Estados son miembros de la Unión Europea, controlados todos ellos por un puñado de partidos, cada uno con su correspondiente cuota de poder y sus respectivos aspirantes al trono, abriéndose paso mediante favores y engaños sin más aspiración que la de conservar el status quo. Todos ellos faltos de verdaderos líderes. Todos ellos llenos de promesas vacías, que cual títeres manejados por su ansia de poder se dejan empujar por las corrientes más populares del momento, sin molestarse si quiera en las consecuencias de sus actos para los gobernados. Los regímenes políticos terminan agotándose en su incapacidad para hacer frente a los problemas sociales del momento.

Por propio instinto de conservación, las personas tienden naturalmente a pensar que viven en el mejor de los mundos posibles. De ahí que el adoctrinamiento político sea tan eficaz. Quien se siente afortunado por creer estar gobernado bajo el mejor de los regímenes, no consiente que nadie le arrebate su fortuna desmintiéndole su ilusión. Sin embargo, cuando un pueblo se vuelve consciente del peligro que entraña permanecer bajo el yugo que lo sujeta, se produce la revolución que implica una situación tan extraordinaria como es la liberación colectiva. De la coherencia de su acción dependerá que esa libertad perdure en el tiempo o, por el contrario, se consuma en un instante.

La decadencia moral

Nos encontramos en un inestable periodo de transición de la vieja a la nueva moral.

La moral existente en las Naciones de origen latino, fundada en la religión católica, se encuentra en un estado de descomposición irreversible. Este proceso degenerativo tiene su origen en los inicios de la Edad Contemporánea, coincidiendo con las primeras expediciones científicas y con la desdivinización del poder de los Estados. El principal síntoma de encontrarnos ante una moral moribunda se manifiesta en su más infecciosa enfermedad, que cual plaga bíblica se esparce generación tras generación hasta corromper a toda la sociedad. Hablo de la generalización de la decadencia de la lealtad entre los individuos en sus relaciones mutuas, de la desvalorización del cumplimiento de la palabra dada, de la aceptación de la mentira como la regla general y del conformismo servil. Esto ha traído inevitablemente consigo el imperio del principio de deslealtad institucional en el funcionamiento del aparato de los Estados, favoreciéndose la servidumbre voluntaria y condenándose la libertad política, con la subordinación de los intereses de la Nación a intereses particulares. Éste es el gran problema al que, generación tras generación, nos enfrentamos en Europa desde finales del siglo XVIII.

Nos encontramos en un inestable periodo de transición de la vieja a la nueva moral, caracterizado por el nihilismo de las masas alienadas bajo los principios amorales más sonantes del momento. No bastará con la mera imitación de lo ya perecido para el surgimiento de la nueva moral, pues ésta habrá de ser necesariamente coherente con su tiempo. La madurez colectiva de una moral consolidada requerirá de siglos de desarrollo para su consecución, sin perjuicio de que inicialmente haya de comenzar manifestándose aisladamente en la madurez de los primeros individuos en reconocerla. Una moral que, prescindiendo de toda teología, se funda en la lealtad de la especie, el espíritu de verdad y la libertad colectiva.

El sujeto deslegitimador

¿Es el miedo lo único que nos frena de deslegitimar el poder?

Las manifestaciones multitudinarias tan sólo pueden ser eficaces si los individuos que la componen son conscientes de la meta colectiva a la que todos ellos aspiran llegar y actúan coherentemente para su consecución. Si lo que se comienza persiguiendo es la derogación de una ley concreta, el esfuerzo conjunto habría de ir encaminado, desde el primer momento, a la reiterada demostración pública del rechazo de la misma. Pero para forzar a su derogación efectiva sería necesario convencer no a los políticos, sino a un número lo suficientemente elevado y cualificado de personas como para desbordar al Estado con una deslegitimación masiva que ya no alcanzaría únicamente a la concreta ley que diera origen a las manifestaciones, sino a toda norma que supusiera un óbice para el ejercicio de la propia libertad política colectiva. Sin embargo, la manifestación de tal disenso requeriría necesariamente ser acompañado del acto deslegitimador por excelencia de las oligarquías de los partidos políticos, que no es otro que la abstención.

Si la sociedad civil, de forma masiva y consciente, se abstuviera de toda encuesta poblacional convocada por las cúpulas de los partidos en el Estado (comúnmente tildadas de elecciones, aunque en realidad no se elige a ningún candidato), dejaría a las urnas vacías del fundamento legitimador del reparto del poder. Toda norma que a partir de entonces quisieran imponer quienes en su conjunto no hubiesen obtenido un apoyo de más de la mitad del censo electoral carecería de la fuerza suficiente como para poder ser efectiva. Téngase en cuenta que la aplicación de la ley depende, en primer y más importante término, de las personas directamente afectadas por ella en sus mutuas relaciones. Si la mayoría negase la ley producida por partidos sin legitimación, el Estado sería incapaz de forzar su aplicación práctica. Esto implicaría la liberación de todo el colectivo nacional, que desde entonces quedaría temporalmente legitimado por encima de la ley como sujeto constituyente.

La clase social más corpulenta

Se ha hecho necesario que la inmensa mayoría de la espalda, de una vez y para siempre, a todos los partidos políticos de masas.

Jamás la clase media tuvo tan baja consideración intelectual como tiene hoy con respecto a todo lo político. A la incompetencia de la clase estatal en la gestión de lo público, los grandes medios de comunicación y entretenimiento le dan el nombre de crisis institucional, como si se tratase de un fenómeno puntual, cuando en realidad el desgobierno de lo público es una consecuencia natural en el origen del propio régimen de partidos, materializada en la corrupción política generalizada y en la elevada burocratización de la administración pública, cuya estructura queda deformada por un desmesurado número de organismos de diversa naturaleza pública y excesivos puestos de trabajo dentro del Estado sin utilidad pública real. Es incluso habitual que la aristocracia financiera, previo pago mediante favores a la oligarquía política, consiga imponer sus designios mediante ley, satisfaciendo sus propios intereses y beneficiando, en última instancia, la constante acumulación y concentración de sus riquezas.

Actualmente, en las sociedades regimentales tecnológicamente avanzadas, pueden distinguirse tres grandes clases sociales: la clase alta, la clase estatal y la clase media. La clase alta está conformada por una gran minoría de individuos cuyos patrimonios personales alcanzan buena parte de la riqueza total, también conocida como aristocracia financiera (a efectos ilustrativos, se aproxima al típico 1 % que señalan los informes macroeconómicos sobre la distribución de la riqueza, informes que aseguran que la riqueza de estos pocos ha aumentado considerablemente durante los últimos años). La clase estatal la conforman aquéllos que ocupan puestos de mando dentro de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales y patronales, correspondiéndose con la oligarquía política. Por último, a la clase media pertenece la gran mayoría, conformada por todas aquellas personas que no forman parte ni de la clase alta, ni de la clase estatal, constituyendo la esencia de la sociedad civil. A esta gran mayoría le corresponde cumplir con la necesidad de enterrar, de una vez y para siempre, a todos los partidos políticos de masas, todos ellos adoctrinadores en busca de su exclusivo beneficio y poder dentro del Estado. ¡Ni un solo voto más hasta que no haya libertad política colectiva!