La realidad de los partidos

Ningún partido se mueve ya impulsado por un afán de aplicar los dogmas de la ideología que pretende seguir.

Todas las ideologías supuestamente defendidas por los partidos políticos actuales tienen su origen en el siglo XIX. Dos siglos de experiencia nos demuestran que las diferentes premisas en que se sustentan todas estas ideologías son erróneas. De lo contrario, alguna de ellas ya habría triunfado en la consecución de sus propósitos, pues todas ellas cuentan con Estados que han tratado de aplicar sus principios a lo largo de los siglos XIX y XX. ¿Por qué, a pesar del patente fracaso de las ideologías y de la imposibilidad manifiesta de alcanzar ninguna de las utopías que predican, continúan los partidos políticos haciendo alarde de ellas en sus discursos y en su propaganda electoral? Porque las ideas utópicas, aun siendo imposible su realización, tienen una enorme fuerza de atracción de las masas. Pero ningún partido se mueve ya impulsado por un afán de aplicar los dogmas de la ideología que pretende seguir. Un partido político es un instrumento de poder, y como tal, su único objetivo es alcanzar el control del Estado o de una parte del mismo.

En un sistema democrático, el partido político actúa como un instrumento intermediario entre la sociedad civil y el poder del Estado que, sin integrarse en éste, cumple una única función de catapulta al poder en los momentos de elección de los legisladores o del gobernante, careciendo por completo de función poselectoral. Cada candidato tiene su propio programa electoral, que habrá de ser coherente con las funciones del cargo al que aspira, y no sólo se enfrentarán candidatos de diferentes partidos entre sí, sino también del mismo partido. En el momento en que el candidato más votado toma posesión del cargo, deja de actuar en nombre de su partido, siendo completamente independiente de éste en su actuación en el ejercicio del poder que pasa a ostentar. De este modo, la persona elegida como representante legislativo es directamente responsable de sus actos frente a la mónada que lo eligió, careciendo de un jefe al que obedecer y culpar. Las leyes que proponga o avale y el sentido de sus votos le serán directamente imputables. En cuanto a la persona elegida para gobernar en el Estado, responderá directamente ante toda la Nación por su forma de hacer ejecutar la ley, pero no por la ley en sí, al ser ésta aprobada sin su injerencia, pues en el proceso de aprobación de las leyes el Gobierno tiene voz pero no voto.

El funcionamiento de los partidos políticos en los regímenes oligárquicos difiere por completo del que tienen los partidos en un sistema democrático. En las partidocracias, los partidos políticos adquieren la forma de instituciones permanentes integradas en el Estado, perdiendo la función de intermediación con la sociedad civil. Los partidos se presentan en bloque a las elecciones, y son estos los que toman el poder, no personas concretas salidas de la sociedad civil. El programa electoral es único para todo el partido y es utilizado como un medio de propaganda más a su disposición. Al carecer de fuerza vinculante no importa cuán descabelladas y fantasiosas sean las intenciones que con bellas palabras se declaren en el mismo, una vez en el poder no les será de aplicación. Al final quien manda es el jefe de partido, y no importa las promesas que se hubieren hecho, a éste habrá que obedecer. En estos regímenes la persona gobernante tiene voz y voto en el proceso de aprobación de las leyes, y por medio del poder de dirección que ejerce sobre la estructura jerárquica del partido político del que es jefe, controla a la mayoría del cuerpo legislativo. De modo que el jefe de Gobierno es de hecho quien aprueba las leyes, además de ejecutor es el legislador, con o sin la ayuda de otros jefes de partido según la mayoría parlamentaria que ostente. En un régimen de estas características no es de extrañar que los partidos políticos actúen como los dueños del Estado y de lo público, pues lo son de facto. Dejarán morir de hambre a los gobernados antes que obligarse a ceder en sus dominios, antes que perder un ápice de soberanía. ¿Cómo es posible que estos partidos continúen siendo legitimados por una mayoría del pueblo que les otorga su voto? Gracias a las ideologías. Gracias a las identificaciones en masa a la izquierda y a la derecha. Mientras continúe rigiendo esta ficción decimonónica, de la que los partidos toman sumo provecho cada cuatro años, el pueblo continuará siendo súbdito a pesar de creerse soberano.

La desvergüenza de los medios de comunicación audiovisual

La gran especialidad de estas compañías no es la divulgación de información, ni el entretenimiento de los televidentes, sino la manipulación emocional en masa.

Los grupos de comunicación audiovisual con cadenas de televisión abiertas al público de ámbito nacional conforman el oligopolio más restrictivo de la competencia en toda España, para cuya entrada se requiere de una licencia concedida directamente por el Consejo de Ministros. Se trata del único mercado español en el que se exige el expreso beneplácito del más poderoso órgano del Estado para poder acceder al mismo. Esto explica cómo es posible que el 50% de los canales de televisión de ámbito nacional se encuentren bajo el dominio de Atresmedia y Mediaset (17 de 34), y que más del 50% de los canales restantes estén controlados por Televisión Española (9 de 17).

La gran especialidad de estas corporaciones no es la divulgación de información, ni el entretenimiento de los televidentes, sino la manipulación emocional en masa. Obsérvese sino el trato que se le da a la desaparición de un niño asesinado, una noticia que para estos grandes grupos mediáticos supone una oportunidad de oro con la que incrementar su audiencia, pues de esta forma aumentan las ya elevadas tarifas que cobran por cada spot publicitario. La explotación de una noticia de esta naturaleza la realizan de modo que, mientras hablan de la muerte de un niño ofreciendo las opiniones más burdas y desinformadas subiendo progresivamente el tono, generando un espectáculo que le ponen a uno los nervios a flor de piel, realizan una o varias pausas publicitarias, tratando de dejar al espectador en un estado de mayor excitación posible, por ser éste el estado en el que será más susceptible de ser convencido para que compre tal o cual producto y contrate cual o tal servicio, induciéndole la mayor de las prisas para que calme su excitación con el consumo de alguno de los maravillosos bienes que ante sus hipnotizados ojos se presentan.

Miren si es fácil la inducción de ideas en las masas, que basta con que el presentador de un programa de televisión repita cada vez que se vaya a la publicidad lo importante que es ésta, para convencerlas de que en ellas recae un importante deber de no cambiar de canal. Precisamente por la facilidad con la que estos medios son capaces de propagar sus ideas con la mera repetición, el Gobierno se ha preocupado de tener un control directo sobre este mercado. A estas alturas, lo más sensato que puede hacer una persona que quiera mantener su cordura es desintonizar todas las cadenas de su televisor. Con internet al alcance de la mano es más que suficiente para estar informados sobre la actualidad.

 

Hacia la República Constitucional

No se trata de querer conseguir una utopía. Con un ejemplo en la Historia basta para saber que la República Constitucional es posible.

En los regímenes partidocráticos, los partidos políticos, que son en su origen organizaciones privadas, una vez han obtenido cuota de poder se convierten en organismos parasitarios del Estado. Lo hemos visto una y otra vez, y lo continuaremos viendo. Las extrañas excepciones políticas a este hecho carecen de toda posibilidad real de alcanzar una cuota alta de poder e indefectiblemente terminan siendo expulsadas del reparto a partir de las fuertes presiones ejercidas por los partidos que ven peligrar su sustento de lo público. Sobre esto tenemos ya bastantes ejemplos. En estos partidos incrustados en el Estado, corrompidos hasta la médula y cuyos discursos poco o nada tienen que ver con la realidad, inevitablemente acaba predominando el oportunismo y el favoritismo como forma de escalar a los rangos más altos, promoviéndose la incompetencia de los gobernantes para gobernar, que sin embargo son expertos en el arte de mantener el poder mediante el engaño a los gobernados y el cobro de favores a los poderes fácticos (a los oligopolios financieros, mediáticos y de sectores clave como el sector energético o el sector de las telecomunicaciones).

Con la propaganda del consenso entre partidos se aseguran que esta situación perdure indefinidamente, pues la inmunidad frente a su corrupción es la situación más beneficiosa para ellos. Es del todo imposible que un cambio sustancial del régimen para combatirla pueda proceder de la acción de ningún partido político que se haya integrado en el Estado, pues éste será el mayor beneficiario del aforamiento y la inmunidad parlamentaria y de la laxitud e ineficacia judicial en la persecución de los delitos por ellos cometidos. La corrupción es factor de gobierno, en tanto que sólo quienes están dispuestos a corromperse pueden entrar a formar parte del juego político. La solución necesariamente habrá de provenir de una acción externa al aparato del Estado, pues quienes forman parte del mismo tienen el deber no escrito frente a su partido de evitar, por todos los medios posibles a su alcance, que tal solución pueda llegar a producirse.

Corresponde a la sociedad civil exigir la ruptura completa con este régimen partidocrático, mediante su incansable denuncia, en aras a la construcción, durante un periodo de libertad constituyente, de un nuevo régimen en el que se consagre la separación de poderes, por ser ésta la única solución posible frente al parasitismo de las facciones partidistas en el Estado. El primer paso para exigir la ruptura con el régimen actual no puede ser otro que la deslegitimación del poder, cuyo medio más eficaz, directo y pragmático es la abstención activa, no volver a votar mientras no haya libertad política colectiva, es decir, mientras no exista la posibilidad real para los ciudadanos de decidir, primero, las formas de Estado y de Gobierno, y después, las personas concretas que nos gobiernen y nos legislen. Esto hoy parece una realidad muy lejana, pero cada día estamos más próximos a su consecución.

No se trata de querer conseguir una utopía, pues esta libertad colectiva fue precisamente lo que consiguieron los revolucionarios estadounidenses tras independizarse de la Corona Inglesa y aprobar su actual Constitución, en vigor desde 1789. Con un ejemplo en la Historia basta para saber que la República Constitucional es posible. El Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional continuará creciendo progresivamente, a paso lento pero firme, hasta su disolución con la conquista de la Libertad con mayúscula.

El desamparo de los derechos fundamentales

La ineficaz protección de los derechos consagrados como fundamentales se lo debemos a Hans Kelsen.

El amparo constitucional de derechos fundamentales tiene su sentido en impedir que el poder pueda violar tales derechos en las normas que impone a los gobernados. Sin un sistema político fuerte que se funde en la libertad colectiva, las garantías legalmente previstas para la protección de los derechos fundamentales se vuelven insuficientes e inútiles, como ocurre en los Estados de partidos en los que la vulneración de estos derechos constitucionalmente consagrados se convierte en una cuestión rutinaria. Los tribunales, de ordinario, son incapaces de hacer frente de manera efectiva a este problema, precisamente porque la interpretación y resolución de las principales cuestiones que atañen a la Norma Fundamental quedan reservadas a un único Tribunal Constitucional, con competencia exclusiva en todo el territorio nacional, cuyo exceso de trabajo pendiente termina por rayar lo absurdo, siendo absolutamente ineficaz para tratar todos los casos correspondientes a su ámbito competencial y prácticamente imposibilitado para derogar ninguna ley que vulnere un derecho fundamental.

Con la consagración en una Norma Fundamental de la fórmula ideada por Hans Kelsen para la Constitución austríaca de 1920, que fue posteriormente imitada en todas las partidocracias europeas, se crea un poder de interpretación constitucional vinculante que queda reservado a un único tribunal no jurisdiccional, cuyos miembros son designados exclusivamente por los partidos políticos, contra los que hipotéticamente debería actuar cuando abusaran de su poder. He aquí la trampa. Allí donde los tribunales ordinarios carecen de la competencia para conocer sobre todo tipo de cuestiones constitucionales, incluida la inaplicación de las leyes que vulneren el texto constitucional, no existe una verdadera protección de los derechos fundamentales, sino un tribunal político influenciado por los mismos que deciden su composición. De este modo, la vulneración de derechos fundamentales por parte del poder al legislar raras veces será siquiera controlable.

La domesticación política

Una verdad difícil de masticar.

La corrupción del Estado tiene su origen en la cúspide, pues es la cúpula de los partidos políticos la que decide quiénes son los encargados de ejercer la gestión y el control de lo público. En todas las partidocracias, un partido político es una organización privada que tiene por función la integración de sus miembros en el aparato estatal. Todos los partidos integrados en el Estado reciben buena parte de su financiación del Tesoro Público y funcionan, sin excepción posible, bajo una estricta estructura jerárquica.

La domesticación del colectivo por parte de quienes ejercen el poder se realiza mediante la convocatoria de procesos consistentes en la introducción de papeletas en urnas, en virtud de las cuáles, una vez finalizada la encuesta poblacional, se determina la cuota de poder que corresponde a cada partido político según una fórmula matemática basada en la proporcionalidad, de modo que los cabezas de lista tienen el puesto garantizado. La exigencia de responsabilidad política mediante votaciones es imposible. Aun así, una vez el colectivo actúa conjuntamente en el proceso de reparto del poder por cuotas proporcionales, dominará la creencia entre los individuos de haber participado en una decisión colectiva y de ser por ello políticamente responsables, cuando la verdad es que toda posibilidad real de elección ha sido previamente excluida por facciones marcadas con siglas. Es más, las diferentes alternativas políticas que cada facción pudiera ofrecer no se diferencian en el fondo en cuanto al verdadero propósito que persiguen. La domesticación se perfecciona de este modo mediante regímenes de creencias predefinidos y ofrecidos en bloque, siendo todos ellos idénticos en las premisas que configuran su falsaria esencia.

El agotamiento del régimen

Los regímenes políticos terminan agotándose en su incapacidad para hacer frente a los problemas sociales del momento.

Durante el Antiguo Régimen, la creencia imperante en Europa consistía en considerar al titular de la Monarquía como la persona elegida por Dios y su Providencia para gobernar el Estado. En la Europa actual, la creencia imperante consiste en considerar que la persona que gobierna en el Estado ha sido elegida por el pueblo, afirmándose ad nauseam que sus Naciones están gobernadas bajo un sistema político democrático. Nada más lejos de la realidad, especialmente en lo que respecta a las Naciones cuyos Estados son miembros de la Unión Europea, controlados todos ellos por un puñado de partidos, cada uno con su correspondiente cuota de poder y sus respectivos aspirantes al trono, abriéndose paso mediante favores y engaños sin más aspiración que la de conservar el status quo. Todos ellos faltos de verdaderos líderes. Todos ellos llenos de promesas vacías, que cual títeres manejados por su ansia de poder se dejan empujar por las corrientes más populares del momento, sin molestarse si quiera en las consecuencias de sus actos para los gobernados. Los regímenes políticos terminan agotándose en su incapacidad para hacer frente a los problemas sociales del momento.

Por propio instinto de conservación, las personas tienden naturalmente a pensar que viven en el mejor de los mundos posibles. De ahí que el adoctrinamiento político sea tan eficaz. Quien se siente afortunado por creer estar gobernado bajo el mejor de los regímenes, no consiente que nadie le arrebate su fortuna desmintiéndole su ilusión. Sin embargo, cuando un pueblo se vuelve consciente del peligro que entraña permanecer bajo el yugo que lo sujeta, se produce la revolución que implica una situación tan extraordinaria como es la liberación colectiva. De la coherencia de su acción dependerá que esa libertad perdure en el tiempo o, por el contrario, se consuma en un instante.

Muere Antonio García-Trevijano

Luchador incansable hasta su muerte por la libertad, la república y la democracia, en los últimos años de su vida ha animado a decenas de miles de personas, tanto de España como de América latina, a unirse a su lucha.

Antonio García-Trevijano Forte, pensador político y repúblico, ha muerto esta noche a sus noventa años de vida. Fundador del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional y autor de la obra Teoría Pura de la República Constitucional, durante el franquismo fue uno de los mayores activistas políticos contra la dictadura, hasta el extremo de que su asesinato fue acordado en dos ocasiones diferentes por el Consejo de Ministros. Participó activamente en el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial, pues no soportaba que un pueblo extranjero se encontrara subordinado al Estado español. Fue un leal consejero del conde de Barcelona, don Juan de Borbón, hasta que éste abdicó en favor de su hijo Juan Carlos, elegido sucesor por Franco para evitar que en España se sometiera a referéndum la existencia misma de la monarquía, lo que podría haber ocurrido si don Juan hubiera sido coronado. Tras romper su relación con el conde de Barcelona, Antonio García-Trevijano fundó la Junta Democrática, uniendo a buena parte de los partidos políticos en la clandestinidad, entre ellos el Parido Comunista, por la conquista de la libertad. Tras la muerte de Franco, sin embargo, fue difamado por el Partido Socialista, enviado durante varios meses a prisión por orden directa de Manuel Fraga, que por entonces era ministro de Justicia, y traicionado por el Partido Comunista al jurar esta monarquía, destruyendo toda posibilidad de que en España se constituyera una verdadera democracia.

A Antonio García-Trevijano le debemos el descubrimiento del significado de la libertad política colectiva. Luchador incansable hasta su muerte por la libertad, la república y la democracia, en los últimos años de su vida ha animado a decenas de miles de personas, tanto de España como de América latina, a unirse a su lucha. La libertad viene en nuestra busca, pues su semilla ha quedado implantada en nuestros corazones. Hoy le tomamos el relevo.

Descanse en paz maestro.

Lealtad, Verdad, Libertad.