El desamparo de los derechos fundamentales

La ineficaz protección de los derechos consagrados como fundamentales se lo debemos a Hans Kelsen.

El amparo constitucional de derechos fundamentales tiene su sentido en impedir que el poder pueda violar tales derechos en las normas que impone a los gobernados. Sin un sistema político fuerte que se funde en la libertad colectiva, las garantías legalmente previstas para la protección de los derechos fundamentales se vuelven insuficientes e inútiles, como ocurre en los Estados de partidos en los que la vulneración de estos derechos constitucionalmente consagrados se convierte en una cuestión rutinaria. Los tribunales, de ordinario, son incapaces de hacer frente de manera efectiva a este problema, precisamente porque la interpretación y resolución de las principales cuestiones que atañen a la Norma Fundamental quedan reservadas a un único Tribunal Constitucional, con competencia exclusiva en todo el territorio nacional, cuyo exceso de trabajo pendiente termina por rayar lo absurdo, siendo absolutamente ineficaz para tratar todos los casos correspondientes a su ámbito competencial y prácticamente imposibilitado para derogar ninguna ley que vulnere un derecho fundamental.

Con la consagración en una Norma Fundamental de la fórmula ideada por Hans Kelsen para la Constitución austríaca de 1920, que fue posteriormente imitada en todas las partidocracias europeas, se crea un poder de interpretación constitucional vinculante que queda reservado a un único tribunal no jurisdiccional, cuyos miembros son designados exclusivamente por los partidos políticos, contra los que hipotéticamente debería actuar cuando abusaran de su poder. He aquí la trampa. Allí donde los tribunales ordinarios carecen de la competencia para conocer sobre todo tipo de cuestiones constitucionales, incluida la inaplicación de las leyes que vulneren el texto constitucional, no existe una verdadera protección de los derechos fundamentales, sino un tribunal político influenciado por los mismos que deciden su composición. De este modo, la vulneración de derechos fundamentales por parte del poder al legislar raras veces será siquiera controlable.

La domesticación política

Una verdad difícil de masticar.

La corrupción del Estado tiene su origen en la cúspide, pues es la cúpula de los partidos políticos la que decide quiénes son los encargados de ejercer la gestión y el control de lo público. En todas las partidocracias, un partido político es una organización privada que tiene por función la integración de sus miembros en el aparato estatal. Todos los partidos integrados en el Estado reciben buena parte de su financiación del Tesoro Público y funcionan, sin excepción posible, bajo una estricta estructura jerárquica.

La domesticación del colectivo por parte de quienes ejercen el poder se realiza mediante la convocatoria de procesos consistentes en la introducción de papeletas en urnas, en virtud de las cuáles, una vez finalizada la encuesta poblacional, se determina la cuota de poder que corresponde a cada partido político según una fórmula matemática basada en la proporcionalidad, de modo que los cabezas de lista tienen el puesto garantizado. La exigencia de responsabilidad política mediante votaciones es imposible. Aun así, una vez el colectivo actúa conjuntamente en el proceso de reparto del poder por cuotas proporcionales, dominará la creencia entre los individuos de haber participado en una decisión colectiva y de ser por ello políticamente responsables, cuando la verdad es que toda posibilidad real de elección ha sido previamente excluida por facciones marcadas con siglas. Es más, las diferentes alternativas políticas que cada facción pudiera ofrecer no se diferencian en el fondo en cuanto al verdadero propósito que persiguen. La domesticación se perfecciona de este modo mediante regímenes de creencias predefinidos y ofrecidos en bloque, siendo todos ellos idénticos en las premisas que configuran su falsaria esencia.

El agotamiento del régimen

Los regímenes políticos terminan agotándose en su incapacidad para hacer frente a los problemas sociales del momento.

Durante el Antiguo Régimen, la creencia imperante en Europa consistía en considerar al titular de la Monarquía como la persona elegida por Dios y su Providencia para gobernar el Estado. En la Europa actual, la creencia imperante consiste en considerar que la persona que gobierna en el Estado ha sido elegida por el pueblo, afirmándose ad nauseam que sus Naciones están gobernadas bajo un sistema político democrático. Nada más lejos de la realidad, especialmente en lo que respecta a las Naciones cuyos Estados son miembros de la Unión Europea, controlados todos ellos por un puñado de partidos, cada uno con su correspondiente cuota de poder y sus respectivos aspirantes al trono, abriéndose paso mediante favores y engaños sin más aspiración que la de conservar el status quo. Todos ellos faltos de verdaderos líderes. Todos ellos llenos de promesas vacías, que cual títeres manejados por su ansia de poder se dejan empujar por las corrientes más populares del momento, sin molestarse si quiera en las consecuencias de sus actos para los gobernados. Los regímenes políticos terminan agotándose en su incapacidad para hacer frente a los problemas sociales del momento.

Por propio instinto de conservación, las personas tienden naturalmente a pensar que viven en el mejor de los mundos posibles. De ahí que el adoctrinamiento político sea tan eficaz. Quien se siente afortunado por creer estar gobernado bajo el mejor de los regímenes, no consiente que nadie le arrebate su fortuna desmintiéndole su ilusión. Sin embargo, cuando un pueblo se vuelve consciente del peligro que entraña permanecer bajo el yugo que lo sujeta, se produce la revolución que implica una situación tan extraordinaria como es la liberación colectiva. De la coherencia de su acción dependerá que esa libertad perdure en el tiempo o, por el contrario, se consuma en un instante.