La realidad de los partidos

Ningún partido se mueve ya impulsado por un afán de aplicar los dogmas de la ideología que pretende seguir.

Todas las ideologías supuestamente defendidas por los partidos políticos actuales tienen su origen en el siglo XIX. Dos siglos de experiencia nos demuestran que las diferentes premisas en que se sustentan todas estas ideologías son erróneas. De lo contrario, alguna de ellas ya habría triunfado en la consecución de sus propósitos, pues todas ellas cuentan con Estados que han tratado de aplicar sus principios a lo largo de los siglos XIX y XX. ¿Por qué, a pesar del patente fracaso de las ideologías y de la imposibilidad manifiesta de alcanzar ninguna de las utopías que predican, continúan los partidos políticos haciendo alarde de ellas en sus discursos y en su propaganda electoral? Porque las ideas utópicas, aun siendo imposible su realización, tienen una enorme fuerza de atracción de las masas. Pero ningún partido se mueve ya impulsado por un afán de aplicar los dogmas de la ideología que pretende seguir. Un partido político es un instrumento de poder, y como tal, su único objetivo es alcanzar el control del Estado o de una parte del mismo.

En un sistema democrático, el partido político actúa como un instrumento intermediario entre la sociedad civil y el poder del Estado que, sin integrarse en éste, cumple una única función de catapulta al poder en los momentos de elección de los legisladores o del gobernante, careciendo por completo de función poselectoral. Cada candidato tiene su propio programa electoral, que habrá de ser coherente con las funciones del cargo al que aspira, y no sólo se enfrentarán candidatos de diferentes partidos entre sí, sino también del mismo partido. En el momento en que el candidato más votado toma posesión del cargo, deja de actuar en nombre de su partido, siendo completamente independiente de éste en su actuación en el ejercicio del poder que pasa a ostentar. De este modo, la persona elegida como representante legislativo es directamente responsable de sus actos frente a la mónada que lo eligió, careciendo de un jefe al que obedecer y culpar. Las leyes que proponga o avale y el sentido de sus votos le serán directamente imputables. En cuanto a la persona elegida para gobernar en el Estado, responderá directamente ante toda la Nación por su forma de hacer ejecutar la ley, pero no por la ley en sí, al ser ésta aprobada sin su injerencia, pues en el proceso de aprobación de las leyes el Gobierno tiene voz pero no voto.

El funcionamiento de los partidos políticos en los regímenes oligárquicos difiere por completo del que tienen los partidos en un sistema democrático. En las partidocracias, los partidos políticos adquieren la forma de instituciones permanentes integradas en el Estado, perdiendo la función de intermediación con la sociedad civil. Los partidos se presentan en bloque a las elecciones, y son estos los que toman el poder, no personas concretas salidas de la sociedad civil. El programa electoral es único para todo el partido y es utilizado como un medio de propaganda más a su disposición. Al carecer de fuerza vinculante no importa cuán descabelladas y fantasiosas sean las intenciones que con bellas palabras se declaren en el mismo, una vez en el poder no les será de aplicación. Al final quien manda es el jefe de partido, y no importa las promesas que se hubieren hecho, a éste habrá que obedecer. En estos regímenes la persona gobernante tiene voz y voto en el proceso de aprobación de las leyes, y por medio del poder de dirección que ejerce sobre la estructura jerárquica del partido político del que es jefe, controla a la mayoría del cuerpo legislativo. De modo que el jefe de Gobierno es de hecho quien aprueba las leyes, además de ejecutor es el legislador, con o sin la ayuda de otros jefes de partido según la mayoría parlamentaria que ostente. En un régimen de estas características no es de extrañar que los partidos políticos actúen como los dueños del Estado y de lo público, pues lo son de facto. Dejarán morir de hambre a los gobernados antes que obligarse a ceder en sus dominios, antes que perder un ápice de soberanía. ¿Cómo es posible que estos partidos continúen siendo legitimados por una mayoría del pueblo que les otorga su voto? Gracias a las ideologías. Gracias a las identificaciones en masa a la izquierda y a la derecha. Mientras continúe rigiendo esta ficción decimonónica, de la que los partidos toman sumo provecho cada cuatro años, el pueblo continuará siendo súbdito a pesar de creerse soberano.

Hacia la República Constitucional

No se trata de querer conseguir una utopía. Con un ejemplo en la Historia basta para saber que la República Constitucional es posible.

En los regímenes partidocráticos, los partidos políticos, que son en su origen organizaciones privadas, una vez han obtenido cuota de poder se convierten en organismos parasitarios del Estado. Lo hemos visto una y otra vez, y lo continuaremos viendo. Las extrañas excepciones políticas a este hecho carecen de toda posibilidad real de alcanzar una cuota alta de poder e indefectiblemente terminan siendo expulsadas del reparto a partir de las fuertes presiones ejercidas por los partidos que ven peligrar su sustento de lo público. Sobre esto tenemos ya bastantes ejemplos. En estos partidos incrustados en el Estado, corrompidos hasta la médula y cuyos discursos poco o nada tienen que ver con la realidad, inevitablemente acaba predominando el oportunismo y el favoritismo como forma de escalar a los rangos más altos, promoviéndose la incompetencia de los gobernantes para gobernar, que sin embargo son expertos en el arte de mantener el poder mediante el engaño a los gobernados y el cobro de favores a los poderes fácticos (a los oligopolios financieros, mediáticos y de sectores clave como el sector energético o el sector de las telecomunicaciones).

Con la propaganda del consenso entre partidos se aseguran que esta situación perdure indefinidamente, pues la inmunidad frente a su corrupción es la situación más beneficiosa para ellos. Es del todo imposible que un cambio sustancial del régimen para combatirla pueda proceder de la acción de ningún partido político que se haya integrado en el Estado, pues éste será el mayor beneficiario del aforamiento y la inmunidad parlamentaria y de la laxitud e ineficacia judicial en la persecución de los delitos por ellos cometidos. La corrupción es factor de gobierno, en tanto que sólo quienes están dispuestos a corromperse pueden entrar a formar parte del juego político. La solución necesariamente habrá de provenir de una acción externa al aparato del Estado, pues quienes forman parte del mismo tienen el deber no escrito frente a su partido de evitar, por todos los medios posibles a su alcance, que tal solución pueda llegar a producirse.

Corresponde a la sociedad civil exigir la ruptura completa con este régimen partidocrático, mediante su incansable denuncia, en aras a la construcción, durante un periodo de libertad constituyente, de un nuevo régimen en el que se consagre la separación de poderes, por ser ésta la única solución posible frente al parasitismo de las facciones partidistas en el Estado. El primer paso para exigir la ruptura con el régimen actual no puede ser otro que la deslegitimación del poder, cuyo medio más eficaz, directo y pragmático es la abstención activa, no volver a votar mientras no haya libertad política colectiva, es decir, mientras no exista la posibilidad real para los ciudadanos de decidir, primero, las formas de Estado y de Gobierno, y después, las personas concretas que nos gobiernen y nos legislen. Esto hoy parece una realidad muy lejana, pero cada día estamos más próximos a su consecución.

No se trata de querer conseguir una utopía, pues esta libertad colectiva fue precisamente lo que consiguieron los revolucionarios estadounidenses tras independizarse de la Corona Inglesa y aprobar su actual Constitución, en vigor desde 1789. Con un ejemplo en la Historia basta para saber que la República Constitucional es posible. El Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional continuará creciendo progresivamente, a paso lento pero firme, hasta su disolución con la conquista de la Libertad con mayúscula.