El propósito original del 78

El verdadero propósito fundamental del poder constituyente español no fue otro que desarrollar una norma suprema que cumpliera con los requisitos de acceso a las Comunidades Europeas.

La actual organización territorial del Estado en regiones autónomas tiene su origen en la Segunda República. Fue una concesión hecha por el constituyente español en 1931 a los señores feudales y caciquiles de las distintas regiones de España tras la caída de la monarquía, concediéndoles cierta autonomía frente a la cabeza del Estado ahora que no estaba el Rey, lo que degeneró en múltiples revueltas hasta el estallido de la guerra civil, con un jefe de Estado incapacitado para imponer el orden. Esta forma de organización territorial tan característica, hasta entonces sólo vista en la Segunda República española, fue retomada en 1978 como concesión ofrecida por el sucesor coronado por Franco a quienes en adelante habían de procurar su sustento. Cuarenta años después, padecemos las consecuencias de tal concesión.

El verdadero propósito fundamental del poder constituyente español, entre los años 1977 y 1978, no fue otro que desarrollar una norma suprema que cumpliera con los requisitos de acceso a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Todos, incluido los más fervorosos franquistas, se mostraron para ello más que dispuestos a explotar el término democracia, pues coincidieron en el deseo de entrar a formar parte de aquella gran organización supranacional, por entonces conocida como Comunidades Europeas.  Tanto fue así, que incluso se le dio a las regiones españolas el nombre de Comunidades Autónomas. No es casualidad, sobre todo si se tiene en cuenta que de los siete miembros de la llamada Comisión Constitucional (el órgano de las Cortes que redactó, en secreto, el texto de la Constitución de 1978[1]), cuatro habían ocupado altos cargos durante el régimen franquista, de modo que al menos eran cuatro los hombres en esta comisión que con horror recordaban la Constitución de 1931. Y sin embargo, accedieron no sólo a tomar como ejemplos las normas fundamentales de Alemania e Italia, sino también la propia Constitución española de 1931 en cuanto a la organización territorial del Estado, creyendo haber encontrado el nombre perfecto con el que quedarían designadas las regiones de España. ¡Y no podían haber estado más orgullosos de la burda copia fundamental que consiguieron aprobar! ¡Qué salvaguarda del rey! ¡Qué triunfo habían conseguido en favor del jefe del Estado, a partir de entonces absolutamente irresponsable e inamovible! Y todo gracias a su Carta Otorgada, que es el nombre que realmente corresponder al texto del 78, en el que la separación de poderes y la representación directa del ciudadano quedaron absolutamente excluidas, consagrándose la impunidad del poder en su corrupción.

[1] Esta comisión estuvo compuesta por Jordi Solé Tura (PC), Gregorio Peces Barba Martínez (PSOE), Miquel Roca Junyent (CDC), José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo (UCD), Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD), Gabriel Cisneros Laborda (UCD) y Manuel Fraga Iribarne (AP).

El sujeto deslegitimador

¿Es el miedo lo único que nos frena de deslegitimar el poder?

Las manifestaciones multitudinarias tan sólo pueden ser eficaces si los individuos que la componen son conscientes de la meta colectiva a la que todos ellos aspiran llegar y actúan coherentemente para su consecución. Si lo que se comienza persiguiendo es la derogación de una ley concreta, el esfuerzo conjunto habría de ir encaminado, desde el primer momento, a la reiterada demostración pública del rechazo de la misma. Pero para forzar a su derogación efectiva sería necesario convencer no a los políticos, sino a un número lo suficientemente elevado y cualificado de personas como para desbordar al Estado con una deslegitimación masiva que ya no alcanzaría únicamente a la concreta ley que diera origen a las manifestaciones, sino a toda norma que supusiera un óbice para el ejercicio de la propia libertad política colectiva. Sin embargo, la manifestación de tal disenso requeriría necesariamente ser acompañado del acto deslegitimador por excelencia de las oligarquías de los partidos políticos, que no es otro que la abstención.

Si la sociedad civil, de forma masiva y consciente, se abstuviera de toda encuesta poblacional convocada por las cúpulas de los partidos en el Estado (comúnmente tildadas de elecciones, aunque en realidad no se elige a ningún candidato), dejaría a las urnas vacías del fundamento legitimador del reparto del poder. Toda norma que a partir de entonces quisieran imponer quienes en su conjunto no hubiesen obtenido un apoyo de más de la mitad del censo electoral carecería de la fuerza suficiente como para poder ser efectiva. Téngase en cuenta que la aplicación de la ley depende, en primer y más importante término, de las personas directamente afectadas por ella en sus mutuas relaciones. Si la mayoría negase la ley producida por partidos sin legitimación, el Estado sería incapaz de forzar su aplicación práctica. Esto implicaría la liberación de todo el colectivo nacional, que desde entonces quedaría temporalmente legitimado por encima de la ley como sujeto constituyente.

La clase social más corpulenta

Se ha hecho necesario que la inmensa mayoría de la espalda, de una vez y para siempre, a todos los partidos políticos de masas.

Jamás la clase media tuvo tan baja consideración intelectual como tiene hoy con respecto a todo lo político. A la incompetencia de la clase estatal en la gestión de lo público, los grandes medios de comunicación y entretenimiento le dan el nombre de crisis institucional, como si se tratase de un fenómeno puntual, cuando en realidad el desgobierno de lo público es una consecuencia natural en el origen del propio régimen de partidos, materializada en la corrupción política generalizada y en la elevada burocratización de la administración pública, cuya estructura queda deformada por un desmesurado número de organismos de diversa naturaleza pública y excesivos puestos de trabajo dentro del Estado sin utilidad pública real. Es incluso habitual que la aristocracia financiera, previo pago mediante favores a la oligarquía política, consiga imponer sus designios mediante ley, satisfaciendo sus propios intereses y beneficiando, en última instancia, la constante acumulación y concentración de sus riquezas.

Actualmente, en las sociedades regimentales tecnológicamente avanzadas, pueden distinguirse tres grandes clases sociales: la clase alta, la clase estatal y la clase media. La clase alta está conformada por una gran minoría de individuos cuyos patrimonios personales alcanzan buena parte de la riqueza total, también conocida como aristocracia financiera (a efectos ilustrativos, se aproxima al típico 1 % que señalan los informes macroeconómicos sobre la distribución de la riqueza, informes que aseguran que la riqueza de estos pocos ha aumentado considerablemente durante los últimos años). La clase estatal la conforman aquéllos que ocupan puestos de mando dentro de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales y patronales, correspondiéndose con la oligarquía política. Por último, a la clase media pertenece la gran mayoría, conformada por todas aquellas personas que no forman parte ni de la clase alta, ni de la clase estatal, constituyendo la esencia de la sociedad civil. A esta gran mayoría le corresponde cumplir con la necesidad de enterrar, de una vez y para siempre, a todos los partidos políticos de masas, todos ellos adoctrinadores en busca de su exclusivo beneficio y poder dentro del Estado. ¡Ni un solo voto más hasta que no haya libertad política colectiva!

Instintos humanos

La manifestación de la razón consciente guiada por el instinto de conservación de lo amado es el arquetipo predominante en el ser humano, el mayor de los tiranos.

Mediante los instintos, la naturaleza guía a las especies en sus empresas, tanto individuales como colectivas. Cuanto más complejo es el entorno, mayor es la diversidad de las reacciones instintivamente provocadas en los individuos conscientes de sí mismos y de su alrededor.

Los instintos surgidos del inconsciente individual son aquellos que persiguen la satisfacción de las propias necesidades del organismo en aras de la auto-conservación. Se corresponde con su ser más egoísta y privado, que comúnmente se manifiesta disfrazado con piel de corderito. Su arquetipo es la figura del niño.

Los instintos surgidos del inconsciente colectivo son aquellos que afectan al comportamiento de un conjunto de individuos tendentes a la conservación de su ecosistema y del colectivo del que forman parte. Se corresponde con un ser moral y omnipresente, encarnado como el guardián natural de la vida. Es habitualmente confundido con un dios, como si se tratara de un ente separado de nosotros, aunque en realidad se trata de un arquetipo, comúnmente manifestado con la figura de una bestia alada, salvaje y libre en la naturaleza.

Una tercera figura arquetípica se interpone en la relación entre el niño y la bestia. Se trata de la figura de la serpiente, encarnando a la razón consciente guiada por el instinto de conservación de lo amado, siendo común que se manifieste como enemiga de todos los demás instintos. Éste es el arquetipo predominante en el ser humano, el mayor de los tiranos, el animal más desequilibrado, tendente a la supremacía de uno en exclusión de todo lo demás.

La ausencia de democracia

Ni uno solo de los países que conforman hoy Europa tiene una democracia, pues ni uno solo de ellos consagra la separación de poderes en sus reglas de juego político.

La democracia representativa es simplemente aquella forma de gobierno en la que se consagra, como reglas del juego político, la separación de poderes y la representación política. La separación de poderes asegura la independencia de los legisladores frente al Estado, así como del Estado frente a los legisladores. En ella reside la verdadera esencia de la democracia, la limitación de los poderes enfrentándolos entre ellos. Esta separación tan sólo podría conseguirse mediante elecciones diferenciadas en el tiempo para el Jefe de Gobierno y para los miembros del cuerpo legislativo.

En cuanto a la representación política en el cuerpo legislativo, ésta únicamente podría ser ejercida por personas libres e independientes de todo mando, leales al mandato de sus votantes. La consagración como derecho fundamental del sufragio universal resulta del todo ineficaz como medio de representación de los ciudadanos si no se acompaña de un sistema de elección mayoritario, pues sólo así se podría establecer una relación de mandato entre los habitantes de cada distrito electoral y la persona elegida directamente por la absoluta mayoría de los votos emitidos en el mismo. El sistema electoral proporcional, sin embargo, asegura una distribución del poder según las cuotas que correspondan a cada jefe de partido a partir de los resultados electorales una vez aplicada la fórmula de reparto legalmente establecida, con la que se determinará el número de asientos en las cámaras legislativas que controlará cada uno.

Ni uno solo de los países que conforman hoy Europa tiene una democracia, pues ni uno solo de ellos consagra la separación de poderes en sus reglas de juego político. Entre estos países impera, sin embargo, el sistema electoral proporcional, que supone el reparto del poder mediante la concesión de escaños a los jefes de los partidos políticos según los resultados de una encuesta poblacional que se realiza periódicamente sobre la marca política favorita. Es decir, que en una misma votación se decide qué partido o partidos pasarán a ejercer el poder ejecutivo y legislativo, evidencia de que la separación entre estos no existe. Los partidos políticos carecen de facto de la capacidad para poder actuar en representación de un colectivo ajeno a su propia organización. Cualquier referencia doctrinal, e incluso normativa, a la representación ejercida por partidos políticos es pura ficción, pues faltan los elementos necesarios que se han de dar de origen para que pueda surgir una relación de mandato entre los miembros que forman parte del cuerpo legislativo y el sujeto colectivo que conforma a la Nación.

La libertad consciente

El espíritu libre nace en el individuo al encontrar y destruir los obstáculos colocados en su propia imaginación y las restricciones auto-impuestas contra sus propios sentidos.

Cuando se trata de forzar una sumisión del sentir a la propia voluntad, se están restringiendo las propias emociones que conforman tal voluntad o, lo que es lo mismo, se están reprimiendo las propias reacciones internas que naturalmente surgen ante los estímulos externos. La negación de los estímulos externos, lo que también podría denominarse el artificio de la auto-censura o auto-mentira, es el medio eficaz para la represión de uno mismo.

Mientras que la imaginación de un individuo depende por completo de su voluntad, ya sea de forma consciente o inconsciente, su sentir, al menos desde un una perspectiva fisiológica, depende por completo de factores externos a ella. El espíritu libre nace en el individuo al encontrar y destruir los obstáculos colocados en su propia imaginación y las restricciones auto-impuestas contra sus propios sentidos.